Quien contamina, paga. Se trata de un principio que a nadie le debería parecer mal, en un momento como el que vivimos donde, salvo los negacionistas más obtusos, todos conocemos ya la importancia y la incidencia que nuestras acciones tienen -para bien o para mal- en el clima y para el futuro del planeta.
Un principio que está en el espíritu de las leyes de la Unión Europea. Desde 2008 existía una Directiva Marco de Residuos que debía incorporarse a nuestra legislación nacional a más tardar dos años después, en diciembre de 2010. Otra Directiva de 2018, que modificaba la anterior, tendría que haberse traspuesto como muy tarde en julio de 2020. Pero no se aprobó hasta 2023, es decir: tarde y mal.
La Directiva europea establece que los productores de bienes deben asumir parte de los costes relacionados con la gestión de residuos derivados de sus productos al final de su vida útil. Sin embargo, no impone directamente a los Estados la obligación de subir las tasas de basuras a sus ciudadanos, aunque sí sugiere que pueden emplear incentivos económicos para alentar la reducción de residuos y la mejora de su gestión.
El problema llega con la trasposición “ad hoc” hecha por el Gobierno. Una de las medidas más polémicas que incluye el texto es que las entidades locales deben establecer un tributo “específico, diferenciado y no deficitario, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real” de todas las operaciones de los residuos. Es decir: pasa de ser algo potestativo a obligatorio. Y esta tasa debe estar lista para aplicarse a partir de abril de 2025.
Durante la tramitación de la ley, se pactaron 15 enmiendas, 13 de ellas presentadas por el PP, que siempre se ha mostrado a favor de una fiscalidad a la baja y que en su programa para las elecciones municipales, incluía la intención de reducir la carga tributaria “siempre dentro de un marco de estabilidad presupuestaria y de cuentas públicas sostenibles” (como ocurre en nuestro municipio).
Creemos que se trata de medidas puramente recaudatorias que no contribuirán a la reducción de residuos ni a la mejora del medio ambiente.
En el caso de Tres Cantos, hasta ahora, los vecinos no pagan tasa de basuras porque la tienen bonificada. Y además, ya cumplen los objetivos marcados por la ley. Pero les da igual: a partir de abril de 2025 el Ayuntamiento estará obligado a cobrarla.
Por supuesto vamos a cumplir la ley, pero que nadie se engañe: se trata de un TASAZO, que imponen ellos pero nos obligan a recaudarlo a nosotros. En definitiva, más que un impuesto de basuras, es una basura de impuesto.
